La agrupación de víctimas de errores y negligencias judiciales, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Fernandez Caro nº 44, 2º 4ª, Madrid 2807 , constituída por ciudadanos y asociaciones en defensa de una administración pública transparente, que preste servicio a la ciudadanía, y que no suponga un obstáculo al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, promueven la presente denuncia ante el Defensor del Pueblo contra la Administración de Justicia y en concreto contra aquellos órganos de la administración como el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que deberían ejercer una función de garante del principio de responsabilidad de jueces y magistrados, en su función jurisdiccional.

El principio de responsabilidad de jueces y magistrados implica necesariamente, que los órganos que tienen encomendada la función de dirimir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo de tan importante cuerpo de funcionarios del Estado (jueces y magistrados), lo hago bajo criterios de no corporativismo y con igual o mayor celo que cuando tiene que dirimir asuntos que atañen al resto de los ciudadanos.

Pareciera que el hecho de que “jueces juzgan a jueces” impide, a lo largo de estos años de democracia, la existencia de una justicia responsable de sus propios actos y de que las salas competentes de dirimir la responsabilidad de jueces y magistrados, como las salas de lo civil y penal de los TSJ correspondientes, se han convertido en un “dique de contención corporativista” que pretende más salvar a un compañero juez, que hacer justicia por supuestos delitos de prevaricación o cohecho.

Denunciamos la inoperancia de los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos podemos denunciar prácticas corruptas de nuestros jueces, además de una situación de terror a denunciar a estos jueces, cuando en jurisdicciones como la de familia, estos funcionarios van a dirimir el futuro de nuestros hijos, y que por las normas procesales de reparto, seguirán conociendo del caso, en situaciones que hacen inviable la denuncia de corruptelas y delitos.
La situación es de miedo cuando no de servilismo, tanto de los ciudadanos como del resto de operadores jurídicos como abogados y procuradores, que asumen el poder omnímodo e intocable de jueces y magistrados como parte intocable del sistema, acomodándose todos ellos a prácticas y liturgias procesales vacías e incompatibles con la defensa de ciudadanos.
Este es el caso de las denuncias reiteradas ante el servicio de inspección del CGPJ en materia específica de la jurisdicción de familia, en la que de forma generalizada se asume como justa una “máquina de la orfandad” denunciada hasta el hartazgo, por la que miles de ciudadanos han visto como por ideología o inercia social y sin más argumentos que el prejuico han sometido a miles de niños a un régimen de semiorfandad, eliminado de facto la figura paterna lo cual ha sido denunciado hasta la saciedad sin éxito alguno ante los servicios de inspección del CGPJ, a lo largo de los años desde que entro en vigor la ley de divorcio.

Es por ello por lo que elevamos esta denuncia ante el Defensor del Pueblo y concretamente por la inoperancia de los mecanismos del Estado (CGPJ) para salvaguardar el derecho de la ciudadanía a que jueces y magistrados sean efectivamente sancionados y removidos de sus cargos por incumplimiento de la ley.

Al objeto de analizar con rigor la dimensión de la impunidad de jueces y magistrados respecto a prácticas abiertamente contrarias a nuestra legislación y a los Tratados Internacionales que nos obligan la agrupación de víctimas de errores y negligencias judiciales constituida por ciudadanos y asociaciones en defensa de una administración pública transparente, tras la publicación del Informe Arce (Universidad de Santiago de Compostela, Vigo y Granada), en el que se concluye que tras el estudio de 782 sentencias de divorcio de toda España, el 57.3% no estaban motivadas en criterio alguno, o bien los criterios de motivación no eran jurídicamente válidos, o no eran consistentes, y una vez analizadas las consecuencias directas graves de estas prácticas irregulares, sobre los menores inmersos en procesos de divorcio, ha encargado un estudio a expertos juristas sobre las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid (jurisdicción de familia) que corresponden al 35% de todas las sentencias de España en materia de familia.

El estudio realizado sobre 750 sentencias, (la totalidad de sentencias desde la entrada en vigor de la modificación de la ley de divorcio del año 2005), así como del curso que siguieron las denuncias de ciudadanos ante el CGPJ (unidad de atención al ciudadano y servicio de inspección) y otras instancias, viene a acreditar y corroborar en todos sus extremos el Informe Arce realizados por las Universidades citadas, e incluye aspectos presuntamente delictivos en la forma de operar por parte de la Administración de Justica tanto en su dimensión jurisdiccional como en su dimensión disciplinaria, inspectora y administrativa.

La denuncia que se formula no es sobre cuestiones que estén en el orden jurisdiccional, sino sobre la inoperancia, silencio u ocultamiento deliberado de las unidades administrativas del CGPJ, que deberían actuar como vehículo por el que se canaliza la denuncia de los ciudadanos y se dirime la responsabilidad administrativa, respecto a las irregularidades cometidas por jueces y magistrados, convirtiéndose en mero buzón o colector de quejas incumpliendo la misión que tienen encomendada por ley.

Es por ello por lo que es competencia del Defensor del Pueblo el estudio de la denuncia adjunta, porque se plantea como denuncia de la sociedad civil (ciudadanos y asociaciones) ante una madeja de intereses corporativistas en la que no sólo “jueces juzgan a jueces” sino que “órganos de jueces ponen buzones de quejas para no actuar contra jueces, pero dan apariencia de denuncia administrativa” y porque el incumplimiento o flagrante insumisión ante el cumplimiento de la ley por parte de jueces y magistrados, no se ve amparado por mecanismos transparentes, eficaces que conlleven a la correspondiente sanción y remoción.

Las denuncias y quejas ante órganos administrativos del CGPJ que adjuntamos con la presente, y que se ven avaladas por los estudios adjuntos Informe Arce, e Informe sobre la jurisprudencia de la AP de Madrid jurisdicción de familia, se centran en básicas cuestiones de tipo administrativo como por ejemplo la ignorancia inexcusable de las leyes por parte de magistrados, los sistemas de especialización y formación en jurisdicciones especializadas, y otros.
La administración lejos de canalizar las denuncias y abrir expedientes que permitan conocer las aptitudes de estos funcionarios, responde con contestaciones “tipo” declarándose incompetente. Se da la paradoja de que toda denuncia sobre jueces y magistrados, por propia definición, tiene su base en una irregularidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, lógicamente no se va a denunciar a un juez por su actividad en el ámbito doméstico o deportivo, porque la actividad denunciable reside en un ámbito jurisdiccional aunque con dimensión administrativa y es precisamente ese origen jurisdiccional el que sirve de apoyo a las unidades administrativas, a nuestro parecer de forma fraudulenta, para saldar el asunto argumentando que no son competentes por tratarse de cuestiones jurisdiccionales.

En una lectura pormenorizada de la documentación adjunta, se observará que jueces y magistrados manifiestan sin ningún pudor que instituciones básicas del derecho de familia incluidas en nuestro derecho positivo, no existen o que se debe utilizar criterios de valoración de la prueba de forma distinta en función del sexo del demandante.

Esta situación denunciada como decíamos hasta el hartazgo, se incardina a los efectos que aquí nos ocupa, en los mecanismos de formación y capacitación y las garantías que los ciudadanos debemos exigir a la administración de justicia para que estos funcionarios, estén realmente capacitados para la función que tienen encomendada. La situación es análoga a la de un médico neurólogo del sistema público de salud, que afirmara en sus historias clínicas, que el encéfalo no existe o que la utilidad de las neuronas es discutible. Causaría estupor leer de estos profesionales aseveraciones como éstas, que son por otro lado comunes en las denuncias que sin respuesta se han presentado a los diferentes órganos administrativos de la administración de justicia.

En Madrid a 31 de marzo de 2009